domingo, 26 de diciembre de 2010

Sin malos humos

El próximo día 2 de enero de 2011 entrará en vigor la ampliación de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, de finales de 2005. Era algo esperado por la mayoría de la población no fumadora, siendo ésta más del 70% del total. Con ello, España se adelanta un año en la adaptación de su regulación a las directrices de la UE, desde donde se propone que en 2012 todos los países integrantes de la Unión prohíban fumar en bares y otros establecimientos de hostelería. El tema no es baladí, pues son casi 650.000 los europeos que mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

Tras cinco años de funcionamiento de la Ley, según su primera redacción, se ha podido constatar que durante el primer año los infartos de miocardio en hospitalizados se redujeron una media del 10%; a los dos años de vigencia, más de un millón de personas dejaron de fumar, el aire contaminado por el humo del tabaco bajó un 30% y los niveles de nicotina en ambiente se redujeron un 83% en los centros de trabajo.

No se trata de una situación pionera en el mundo en la que esté por comprobarse cómo va a reaccionar la gente. Concretamente, en la UE ya hay trece países en donde se aplica la prohibición de fumar en bares y similares. El año pasado tuve la ocasión de visitar las capitales de Francia e Inglaterra, en cuyos países llevan ya tiempo con la aplicación de esta norma, y pude constatar la normalidad con la que funcionaba todo. En los bares y restaurantes, ocupados por clientes tomando sus consumiciones, había un ambiente limpio y se veía con naturalidad que quien quisiera fumar saliera fuera, tal como ya ocurre en nuestros centros de trabajo.

En nuestro país estamos muy acostumbrados a que se fume en los locales, donde más repercusión tiene la ampliación de la ley. Los representantes del sector han sido los más beligerantes contra dicha norma, aduciendo básicamente posibles pérdidas de negocio. También se quejaban de la inversión efectuada para separar las zonas de fumadores, si bien esa ha sido una realidad en menos del 3% de todos los locales mayores de 100 metros cuadrados existentes en España. Es de suponer que en cinco años ya hayan amortizado su inversión con la atención facilitada a sus clientes.

Se deben de tener en cuenta otras consideraciones: los clientes habituales continuarán frecuentando este tipo de establecimientos, pues sin bares en los que se pueda fumar, no habrá competencia. Familias con niños pequeños, que antes no iban por el ambiente enrarecido, ya no tendrán inconveniente. Por tanto, una vez superado el momento inicial de cierta desorientación, tendrán aún más clientela.

El negocio de la hostelería no es lo realmente importante de esta Ley, sino la salud, respecto a la cual todo el mundo conviene en que no tiene precio. Los datos que se manejan indican que el tabaco es el responsable del 95% de los cánceres de pulmón, del 90% de los casos de bronquitis, del 30% de las cardiopatías coronarias y de otros tipos de cáncer asociados a las zonas corporales por donde circula el humo del cigarro. Si, a sabiendas de esto, hay quien prefiere seguir fumando, podrá afectarse a sí mismo cuanto quiera, pero la ampliación de la Ley hará que, por lo menos, disminuya su influencia en las personas de su entorno.

Publicado en: 
http://www.dclm.es/news/120/ARTICLE/85179/2010-12-26.html
Lanza de Ciudad Real en su edición en papel, en Opinión, pág. 23.

domingo, 19 de diciembre de 2010

¿A dónde va Europa?

Cuando llegan las elecciones al parlamento europeo, muchas personas deciden no ejercer su derecho al voto, en la creencia de que no les afecta demasiado. Del resultado de quienes sí fueron a votar, el 7 de junio de 2009, surgió la actual composición del europarlamento, con mayoría conservadora y liberal. El pasado día 14 fue rechazada una directiva llamada de “permiso único” en donde se iba a hacer legal una serie de discriminaciones laborales y pérdida de derechos para los trabajadores procedentes de países externos a la UE.

Entre los derechos que habrían perdido de haber salido aprobada la directiva, cabe destacar no cobrar su pensión de jubilación en caso de regresar a su país, después de llevar años trabajando y cotizando en la UE, lo que les obligaría a quedarse. Otro punto importante es que no podrían haber disfrutado de sueldos europeos por trabajos desarrollados en la UE, sino la misma cifra que se cobrase en sus países de origen. No imagino yo a nadie comprándose la comida en las tiendas de Francia, por ejemplo, con el sueldo de Senegal, no digamos tomarse una consumición o asistir a un evento cultural.

Estos días se han cumplido dos años desde que el eurodiputado socialista español, Alejandro Cercas, liderara la consecución del rechazo de la eurocámara a otra directiva no menos polémica, que pretendía establecer jornadas semanales de 65 horas, como una negociación entre empleador y empleado. Ahora ha vuelto a ser él quien ha liderado este nuevo rechazo. Empieza a ser problemático que este tipo de directivas consigan llegar al europarlamento y estar en un tris de ser aprobadas. Así, no resulta descabellado plantearse qué tipo de directivas estará pergeñando algún lobby con aviesas intenciones hacia los trabajadores.

Cuando se desató la crisis financiera en 2008, con la caída del banco norteamericano Lehman Brothers, la gente lo vio como algo ajeno. Se oía hablar de la crisis en todos los medios de comunicación, pero no fuimos conscientes de su gravedad hasta la progresiva subida de las cifras del desempleo, el recorte medio del 5% que los funcionarios sufrieron (quienes se sentían los más protegidos) o la congelación de las pensiones más elevadas, entre otros.

Hoy ya es del dominio general que la crisis la provocaron las llamadas políticas “neocon”, el “todo vale” de la ingeniería financiera (por cierto, qué mal uso del término ingeniería). Destacados líderes mundiales han manifestado la necesidad de poner coto a la voracidad de los tiburones financieros; pero aún nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato y parece resultar más fácil controlar otras variables económicas, para que al final acabe pagando el pato el más débil.

Un claro caso ha sido el del conservador británico David Cameron, quien prometió una serie de ventajas antes de las elecciones y, una vez ganadas, nada de lo dicho. Día sí, día también, se están montando protestas de diversos sectores, sobre todo el estudiantil, ante el impresionante incremento de las tasas académicas. Quizá si muchos de esos manifestantes hubieran acudido en su momento a las urnas, ahora no tendrían que salir a la calle.

Muchos se preguntan cómo es posible que un gobierno progresista, como el español, esté ahora aplicando algunas políticas económicas que parecen emanadas del más puro estilo conservador. Otros comentan que si este gobierno las aplica, habría que ver qué no haría un gobierno realmente de derechas. Desde Bruselas se han dado instrucciones a todas las economías de la zona euro para establecer una política de recortes; política que están acatando todos los Estados, en mayor o menor medida, con independencia de colores políticos.

Parece haber fuerzas interesadas en que el llamado estado del bienestar, conseguido en Europa durante décadas, llegue a su fin. Las declaraciones de Aznar, por ejemplo, hace unos días en el Wall Street Journal, no dejan lugar a dudas sobre un especial empeño en caminar en dirección opuesta al interés mayoritario de la ciudadanía. Él lo aplicaba a España, pero la receta es igualmente válida para toda la eurozona. El adormecimiento relativo de la ciudadanía europea toca a su fin y empieza a vislumbrarse el toque a rebato.

Publicado en:
http://www.dclm.es/print.php?a=84658
Lanza de Ciudad Real, 21-12-2010, pág, 35.

domingo, 5 de diciembre de 2010

¿Quién controla al controlador?

En estos momentos la respuesta a la pregunta del titular es fácil: el Ejército del Aire, por orden del gobierno. Tanto han tensado la cuerda los controladores aéreos, que el gobierno se ha visto obligado a apurar los recursos que la Constitución pone a su alcance y decretar el Estado de Alarma. Éste es el menos grave de los que desarrolla la Ley Orgánica 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio y es la primera vez que se aplica en nuestra democracia.

Ha sido “vox populi” que se trata de unos trabajadores privilegiados y, por los medios de comunicación, se han escuchado opiniones de los afectados que no les dejaban en muy buen lugar. Con unos sueldos que, en algunos casos, incluso superan a lo que cobra la señora Cospedal, aún quieren mantener una serie de privilegios, mientras el común de los funcionarios ha visto reducidos sus emolumentos en una media del 5% a consecuencia de la crisis.

Todo arranca con el primer convenio colectivo firmado entre la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que publicó el BOE de 18 de marzo de 1999, (con Aznar como presidente del gobierno) y con efectos desde el 1 de enero de aquel año hasta el 31 de diciembre de 2004, donde se establecían prórrogas pactadas o automáticas. Leyéndolo, hay que reconocerles que lo negociaron muy bien.

A lo largo de los últimos años se han producido distintas situaciones conflictivas entre AENA, el ministerio de Fomento y los controladores, con la negociación del segundo convenio como fondo. Las presiones de estos últimos han provocado distintas huelgas encubiertas a base de enfermedades colectivas. Éstas les impedían asistir a su puesto de trabajo, mientras utilizaban como rehenes a los usuarios de los medios de transporte aéreo. ¿Alguien se imagina algo parecido con los trabajadores de las compañías que abastecen de energía (gas y electricidad) a las poblaciones, cortando el suministro?

Reconozco el derecho que tiene cualquier trabajador a defender sus derechos con los medios que le ley pone a su alcance, pero no se pueden sobrepasar determinadas líneas rojas que perjudiquen a terceros inocentes e indefensos. Está por evaluarse el alcance que tendrá en la economía la huelga salvaje de los controladores aéreos españoles, alcance que trasciende nuestras fronteras (ahora deberán hacer frente a sus responsabilidades legales). Además de los aspectos económicos, sin duda muy importantes, están los irrecuperables daños morales sufridos por cada una de los cientos de miles de personas, que por distintos motivos viajaban, a quienes les han truncado sus expectativas.

Previendo el problema que podía ocasionar el colectivo de controladores aéreos, el gobierno ya venía utilizando el decreto ley para, primero devolver a AENA el control, y luego establecer el número de horas efectivas y su cómputo. Los controladores, quienes no querían ser controlados, decidieron presionar al límite utilizando como rehenes a la población civil en unas fechas tan señaladas como el puente de la Constitución. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, tanto en el primer caso como después, para evitar que un pequeño grupo de trabajadores pusiera en jaque al país. Ahora, sometidos temporalmente a la jurisdicción militar, están todos en sus puestos. Esperemos dos cosas: una, que esta situación no se vuelva a repetir (Rubalcaba dice que eso no ocurrirá) y otra, que no se aproveche por algunos para decir a la italiana: “piove?, porco governo” (¿llueve?, cerdo gobierno).

Publicado en: http://www.dclm.es/news/120/ARTICLE/83417/2010-12-05.html
Publicado en: http://www.lanzadigital.com/quien_controla_al_controlador_pdf_17730.html