El pasado 21 de noviembre, salió
publicada en el BOE la Ley
10/2012 o Ley de Tasas Judiciales. El ministro del ramo, señor Ruiz-Gallardón,
no ha encontrado otra forma para mejorar la Justicia en España que aplicar tasas a diestro y
siniestro. La mayoría absoluta, que la ciudadanía española otorgó al Partido
Popular en las últimas elecciones generales, ha conseguido el resto y esta Ley
ha pasado el trámite parlamentario por goleada.
Es lo que a veces tienen las
mayorías absolutas, que son suficientes para aprobar lo que les parezca bien,
pero eso no quiere decir que lo aprobado sea justo ni adecuado para la
población. Sobre todo, cuando no se tiene en cuenta la opinión de la oposición,
que muchas veces enriquece las leyes en el trámite parlamentario. Claro, esto
último sucede más bien cuando las mayorías de gobierno son simples y se
necesitan acuerdos con otros grupos políticos para sacar adelante la leyes y, por
como va transcurriendo esta legislatura, no parece que la tónica vaya a ser la
del acuerdo parlamentario.
Se está diciendo por activa y por
pasiva que esta Ley de tasas es anticonstitucional, pues contraviene más de un
artículo de la Carta Magna.
Pero es que, además, no tiene ni sentido común, que es lo peor que le puede ocurrir
a una ley. Por poner un ejemplo, ¿a quién se le ocurre pensar que para reclamar
ante la justicia algo que vale 100 euros tenga que pagar 200 de tasas, ya en
primera instancia? Al parecer, el principal partido de la oposición va a
acometer diversas acciones para paliar en lo posible los perniciosos efectos de
esta Ley, entre ellas un recurso de inconstitucionalidad.
No ha nacido con buen pie el
llamado “tasazo" de Gallardón, hasta el extremo de no haberse podido aplicar al
inicio de su validez por no disponer del modelo oficial del justificante del
pago de la tasa. Este inconveniente ha ocasionado el retraso previsible de
algunas semanas en su aplicación. A ver si hubiera suerte y el aplazamiento
fuera “sine die”. Tampoco está claro que esta Ley vaya a suponer la
justificación que da el ministro de agilizar los juzgados. Lo que sí ha
conseguido Gallardón ha sido poner de acuerdo a todo el mundo en su contra; no
solo a la oposición, sino a jueces, fiscales, abogados, procuradores y
oficiales de justicia, amén de la ciudadanía en general.
Las
razones esgrimidas por todos son claras, pero una sobre todas: esta Ley
conseguirá que haya una Justicia para quien se la pueda pagar. Es decir, habrá
una gran población que no podrá acceder a la Justicia. Una familia con
ingresos mensuales entre 1.000 y 2.000 euros, no tiene acceso a la Justicia gratuita, pero
tampoco se puede permitir pagar las tasas. Esto parece alejado de lo que entiende
el diccionario de la RAE por Justicia, en su primera y segunda
acepciones: “Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada
uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad”. Para ser la
primera Ley desde su llegada al ministerio, el señor Ruiz-Gallardón se ha
lucido. A ver si antes de su aplicación, el presidente del Gobierno, o el
propio ministro, escucharan también a voces relevantes de su partido e hicieran
un gesto que evitara este otro descalabro social.
Publicado en: http://www.dclm.es/opiniones.php?id=398. 27-11-2012.
Publicado en: http://www.lanzadigital.com/opinion/el_%E2%80%9Ctasazo%E2%80%9D_de_gallardon-42133.html. 27-11-2012.
Entradas relacionadas:
http://www.elplural.com/2012/11/28/frente-anti-tasazo-gallardon-abogados-sindicatos-y-consumidores-constituyen-una-plataforma/
http://www.eldiario.es/zonacritica/Carta-Presidente-Gobierno-Compromiso-Justicia_6_80551960.html
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