martes, 26 de abril de 2011

Listas contaminadas

Últimamente, el Partido Popular está haciendo bastante ruido mediático sobre posibles listas contaminadas con presuntos miembros del entorno etarra en la coalición vasca Bildu, que opta a presentarse a las próximas elecciones locales y autonómicas del día 22 de mayo. El tema puede que no sea sencillo, pero la Ley por la que se debe decidir sobre su legalidad o no, es la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Como puede verse por el año, el presidente del gobierno era José María Aznar. Por cierto, en la fecha en que esta Ley fue aprobada, el ministro del Interior era Mariano Rajoy y la subsecretaria era María Dolores Cospedal.

Es una Ley de las llamadas cortas pues tan sólo dispone de 13 artículos. El artículo 5 trata del examen de los requisitos para la inscripción y el 10, de la disolución o suspensión judicial. En ambos casos, la decisión pasa por los jueces, sea o no a propuesta del ministerio del Interior. El gobierno ha hecho los deberes, los servicios jurídicos del Estado han impugnado todas las candidaturas presentadas por Bildu y será el Tribunal Supremo quien decida.

Recuérdense las recientes intervenciones de Aznar desde su atalaya de la FAES (Fundación para el Estudio y Análisis Sociales), arengando sobre la ilegalización de Bildu por parte del gobierno y dando la impresión de no haberse leído la Ley que firmó, o de habérsele olvidado. Esas declaraciones ponen en dificultades a Rajoy, quien le pasa la patata caliente a Cospedal, y ésta dice lo que dice y hace lo que hace, pero siempre la carga contra el gobierno, dando también la impresión de desconocimiento legal. Y prefiero llamarle desconocimiento legal en vez de actuaciones malintencionadas, pues cuesta creer que con los cargos de máxima responsabilidad que ostentaban las personas citadas, cuando se aprobó la Ley de Partidos, ahora se hagan de nuevas y ataquen a quien no deben.

Tal vez estén utilizando este tema para tapar otros que importan mucho a la ciudadanía, como es la gestión de los servicios públicos en las Comunidades donde gobierna el PP: la paulatina privatización de la Sanidad, con el consiguiente menoscabo de las prestaciones; la reducción o eliminación de las becas y la subida de las tasas académicas; el deterioro de la educación pública a cambio del apoyo a la privada; la lenta o nula aplicación de Ley de Dependencia…

Si tanto les preocupan las listas contaminadas, que tomen nota de las declaraciones de Esperanza Aguirre en el sentido de que sus listas (las de Aguirre) “no están contaminadas con el Gürtel, porque quien utiliza un cargo público para su proyecto personal y está imputado por un juez, aunque se le presuponga la inocencia, no cabe en ellas”. ¿Qué habrá pensado su compañero Camps cuando la haya escuchado?

Precisamente, hablando de listas contaminadas, en la candidatura que ha presentado Rosa Romero del Partido Popular para el municipio de Ciudad Real, hay un imputado judicial por presunta corrupción. No creo que toda la militancia de ese partido esté feliz con la decisión de Romero de haberlo incluido, porque no era necesario y podía haber escogido a otra persona. Ahora ya está hecho y es la ciudadanía quien tiene la palabra el próximo día 22 de mayo. Y luego, los jueces.

Publicado en: http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=96280, 27-04-2011.
Publicado en: Lanza, Páginas de opinión, pág. 39, 28-04-2011.

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